La reciente decisión del gobernador Tucumán de prohibir las fiestas electrónicas bajo el argumento de proteger a los jóvenes del consumo de drogas es un golpe directo a una cultura que, una vez más, se ve estigmatizada por prejuicios y falta de comprensión. Desde el gobierno provincial aseguran que “no vamos a exponer a los jóvenes al consumo de drogas”, como si las fiestas electrónicas y las sustancias ilegales fueran inseparables.

Este tipo de prohibiciones no es nuevo en Argentina, pero lo que llama la atención es cómo, en pleno 2024, seguimos viendo respuestas simplistas a problemas complejos. En lugar de abrir el diálogo, educar, y fomentar un espacio seguro, se opta por el camino fácil de las prohibiciones, afectando no solo a quienes disfrutan de la música, sino a toda una industria que genera empleo y cultura.

Las fiestas electrónicas, lejos de ser exclusivamente espacios de consumo, son el núcleo de una cultura global donde la música, la creatividad y la comunidad son pilares fundamentales. DJs, productores, y artistas visuales convergen para ofrecer experiencias inmersivas que trascienden lo puramente recreativo. El problema no son las fiestas, sino la falta de políticas que aborden de forma integral la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Lo que queda claro es que este debate sigue siendo alimentado por la desinformación y el miedo. Mientras las autoridades optan por castigar a una cultura que no entienden, millones encuentran en la música electrónica una forma de expresión, conexión y libertad.

La conclusión es evidente: una vez más, se bastardea la industria sin el conocimiento necesario, sin tener en cuenta las voces de quienes forman parte de ella. En lugar de prohibir, Tucumán debería liderar con políticas progresistas que integren la cultura electrónica y promuevan espacios seguros, alejados de estigmas y prejuicios.